El Juzgado de lo Social nº 4 de Pamplona ha condenado al Ayuntamiento de Pamplona a abonar 3.000 euros a una trabajadora en concepto de daño moral por abuso en la contratación temporal.
La sentencia reconoce que la empleada permaneció durante años vinculada a la Administración mediante una relación temporal que acabó siendo considerada abusiva. Aunque posteriormente accedió a una plaza en el marco de los procesos de estabilización, el juzgado entiende que esa regularización no elimina el perjuicio sufrido durante el periodo de precariedad e incertidumbre laboral.
La resolución aplica la doctrina reciente sobre abuso de temporalidad en el empleo público y destaca que la indemnización no tiene por finalidad compensar la pérdida del puesto de trabajo, sino reparar el daño derivado de haber soportado una situación temporal prolongada e injustificada.
No obstante, el juzgado rechaza la indemnización superior reclamada por la trabajadora al no considerar acreditados daños materiales concretos, como diferencias salariales, pérdida de oportunidades profesionales u otros perjuicios patrimoniales directamente vinculados al abuso.
Esta sentencia refuerza la posibilidad de reclamar una compensación frente a situaciones de temporalidad abusiva en la Administración, incluso cuando la persona trabajadora haya sido posteriormente estabilizada, siempre que pueda acreditarse que la relación temporal se prolongó más allá de lo razonable y cubría necesidades estructurales.
